1.1. Aspectos conceptuales y metodológicos en la redacción del informe pericial, normativa vigente.

Un informe pericial es un documento técnico - científico elaborado por un experto, en este caso del área de psicología. Este documento estará organizado en varios segmentos y buscará presentar conclusiones basadas en sus conocimientos especializados y en los hechos analizados durante un proceso judicial, a fin de auxiliar al juzgador en la toma de decisiones. La calidad y claridad de este documento son esenciales para garantizar su eficacia.

La redacción del informe pericial psicológico en el contexto de la normativa jurídica ecuatoriana debe cumplir con estrictos aspectos conceptuales y metodológicos, ya que constituye un documento técnico-científico de carácter probatorio y no vinculante. Conceptualmente, el informe debe reflejar una exposición clara, objetiva y fundamentada de los hallazgos derivados de la evaluación pericial. Según el Código Orgánico General de Procesos (en adelante, COGEP) de Ecuador, el informe pericial debe contener una descripción precisa del objeto de la pericia, las técnicas utilizadas y las conclusiones que responden a las preguntas planteadas por la autoridad judicial. Esto exige que el psicólogo integre teorías y conceptos psicológicos pertinentes al caso, explicando los métodos y fundamentos de manera comprensible para las partes procesales y el juez, pero sin perder el rigor técnico (COGEP, 2015 reformas 2020).

Desde una perspectiva metodológica, la estructura del informe pericial en Ecuador debe incluir componentes esenciales como el marco referencial del caso, el proceso de evaluación, los resultados obtenidos y las conclusiones. Es fundamental que los informes cuenten con todos los elementos que evidencien los mecanismos utilizados para la obtención de datos, garantizando la transparencia y reproducibilidad de los procedimientos empleados. Por ello, el psicólogo perito debe detallar los instrumentos aplicados, justificando su validez y confiabilidad en el contexto del caso. Además, el informe debe evitar cualquier lenguaje ambiguo o subjetivo, ya que su finalidad es proporcionar al juez información técnica clara que le permita fundamentar su decisión. Esto implica que las conclusiones deben derivarse estrictamente de los datos obtenidos, dando respuesta al objetivo pericial establecido y evitando interpretaciones especulativas o ajenas al alcance de la pericia.

Finalmente, el informe debe cumplir con los principios éticos y deontológicos que rigen la práctica psicológica. El Reglamento de peritos señala que los peritajes deben ser objetivos, imparciales y ajustarse a los límites de la competencia profesional del experto; teniendo en cuenta lo establecido en su Art. 2 sobre los principios que regirán el actuar del perito, entre ellos los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, alternabilidad, igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, méritos, independencia, celeridad, imparcialidad, especialidad, autonomía, responsabilidad, interculturalidad y otros establecidos en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial (Reglamento de peritos, 2024 resolución 126-2024). ​Esto incluye la obligación de garantizar la confidencialidad de la información recolectada y de proporcionar un análisis basado exclusivamente en evidencia científica, teniendo en cuenta que la información relevante será informada en el dictamen pericial.

Es importante destacar que la confidencialidad de la información mantiene un enfoque diferente entre lo clínico y forense. Echeburúa (2002) manifiesta que el psicólogo clínico y forense no puede olvidar que su ejercicio profesional siempre estará ligado a un conjunto de preceptos legales que lo regulan, así como a una norma deontológica que debe regir su conducta profesional. El terapeuta tendrá una obligación legal y ética con su paciente, mientras que el forense deberá responder a una orden judicial, poniendo en evidencia todos los elementos que le ayuden al juzgador a resolver, con un enfoque de humanidad y dando dignidad a las personas que están dentro del proceso judicial, sin interferir en el debido proceso.

En conclusión, el informe pericial psicológico constituye un instrumento técnico-científico esencial dentro del ámbito judicial, cuya elaboración requiere un enfoque riguroso tanto en los aspectos metodológicos como conceptuales. Este documento debe cumplir con las normativas legales vigentes, como el COGEP y el Reglamento de Peritos, y respetar principios éticos fundamentales que garanticen la transparencia, imparcialidad y objetividad en su contenido. Además, el psicólogo forense tiene la responsabilidad de actuar con profesionalismo, integrando conocimientos especializados y técnicas validadas, para proporcionar al Juez la información necesaria que facilite la toma de decisiones justas y fundamentadas. En este contexto, la claridad, la precisión y la fundamentación científica se convierten en pilares fundamentales para garantizar que el informe cumpla con su propósito de auxiliar al juzgador, respetando la dignidad y los derechos de las personas involucradas en el proceso judicial.

1.1.1. La estructura del informe

La Guía sobre contenido de los informes periciales y su impacto en el debido proceso elaborada por Carmen Vázquez y publicada en el año 2023, ofrece directrices para la elaboración de informes periciales. Esta guía sugiere que los informes periciales deben ser claros y completos, destacando que un informe deficiente puede afectar el derecho de defensa, ya que las partes no pueden contradecir adecuadamente una prueba si desconocen los métodos y análisis realizados por el perito (Vázquez, 2023).

La normativa ecuatoriana, también establece mínimos en la elaboración del informe pericial y la obligatoriedad de la comparecencia a la sustentación de este. En el artículo 76, de la Constitución de la República del Ecuador recalca que todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá garantías, entre ellas que los testigos o peritos que actúen dentro de un proceso estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.

El COGEP En el artículo 224 establece con claridad elementos mínimos en la estructura del informe, pero además hace énfasis en que las conclusiones de los informes deberán ser claras, únicas y precisas, deja también claro en el artículo 226 que el informe pericial será un elemento para mejor resolver y en el artículo 227 refiere que la finalidad y contenido de la prueba pericial tiene como propósito que expertos debidamente acreditados puedan verificar los hechos y objetos que son materia del proceso. El Código Orgánico General de Procesos (en adelante COIP) en el artículo 511 manda tener en cuenta reglas generales en relación con las pericias y complementando todo lo establecido previamente también el Reglamento del sistema pericial integral de la Función Judicial (resolución, 216-2024) en su artículo 39 detalla el contenido del informe.

En síntesis, la elaboración de informes periciales en el contexto ecuatoriano demanda un enfoque riguroso que garantice la claridad, precisión y fundamentación científica, tal como lo establece la normativa vigente y lo destaca la guía de Carmen Vázquez (2023). La correcta estructuración y sustento de estos informes no solo contribuyen al debido proceso, sino que aseguran que las partes puedan ejercer plenamente su derecho de defensa.

1.1.2. Conocimientos y consideraciones previas a la redacción de un informe pericial

El perito debe poseer una sólida base teórica y práctica en su área de especialización, además de un conocimiento profundo de las normativas legales que rigen su actuación. En el caso del psicólogo forense, es esencial el dominio de principios relacionados con la psicopatología, la criminología y la evaluación psicológica. Estos conocimientos permiten al profesional analizar comportamientos y contextos específicos dentro del ámbito legal, lo que garantiza que sus conclusiones sean pertinentes y útiles para la administración de justicia (Zurita Camacho et al., 2021).

Otro aspecto fundamental es el manejo de herramientas de evaluación psicológica, tales como pruebas estandarizadas, entrevistas estructuradas y técnicas proyectivas. Estas herramientas deben aplicarse con rigor metodológico y ético para garantizar que los resultados sean válidos y confiables. Como señala Muñoz, (2013), el perito requiere tener conocimientos especializados, rigor metodológico y un enfoque ético que minimice la victimización secundaria, además de ser capaz de interpretar los resultados en función de las demandas del caso y de las normativas vigentes, evitando sesgos que puedan afectar la imparcialidad de sus conclusiones.

El perito deberá desarrollar competencias en la redacción, ya que deben ser informes técnicos claros, objetivos y comprensibles para las partes involucradas en el proceso judicial. Esbec y Echeburúa (2016) explica que un informe pericial bien estructurado debe incluir una exposición detallada de los hechos, una justificación metodológica y conclusiones fundamentadas, presentadas en un lenguaje accesible incluso para quienes no poseen conocimientos especializados. Esta habilidad resulta crucial para transmitir de manera efectiva los hallazgos periciales al juzgador.

Por último, el perito debe estar familiarizado con las dinámicas del sistema judicial, incluyendo su terminología y procedimientos. Esto implica comprender el rol que desempeña dentro del proceso legal y estar preparado para defender sus conclusiones en un contexto adversarial, como un juicio oral, teniendo en cuanta lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 505 del COIP, es por ello que, la capacidad de comunicar sus hallazgos de manera convincente y sustentarlos con evidencia científica es una habilidad indispensable para cualquier profesional que actúe como perito.

1.1.3. Exigencias deontológicas y éticas de la redacción del informe pericial

La redacción de un informe pericial en psicología debe cumplir con estrictas exigencias éticas y deontológicas, enmarcadas en la responsabilidad profesional y la objetividad. Según el Código Deontológico del Psicólogo (Consejo General de la Psicología de España, 2010), el profesional debe garantizar la confidencialidad y respeto hacia las personas evaluadas, evitando cualquier juicio de valor o interpretación subjetiva que no se sustente en evidencias. La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece, en su artículo 66, numeral 19, que las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales. Este derecho incluye la confidencialidad y la privacidad de la información personal. Además, establece que cualquier uso de los datos personales debe ser autorizado por el titular de estos, y se debe proteger la privacidad y la confidencialidad de la información, especialmente en contextos de información sensible, siendo de gran importancia el uso del consentimiento informado. También se debe respetar el principio de finalidad de los datos, es decir, los datos solo pueden ser recolectados para fines específicos y legítimos, y no pueden ser utilizados para otros fines.

La normativa ecuatoriana establece que los informes periciales deben ser elaborados con objetividad e imparcialidad, protegiendo la confidencialidad de la información. Los peritos tienen la obligación de no divulgar datos sensibles sin la debida autorización, y cualquier violación de estos principios puede acarrear sanciones civiles, penales y administrativas. Por ello los informes debe estar redactado de forma clara, precisa y comprensible para su destinatario, asegurando que se eviten ambigüedades que puedan generar malentendidos o usos indebidos de la información contenida, basando la información en principios éticos de rigor científico, fidelidad a los datos y una adecuada fundamentación teórica. El informe debe cumplir con las directrices de imparcialidad y transparencia, evitando cualquier conflicto de interés que pueda comprometer la validez del análisis.

Las conclusiones se deriven directamente de los resultados obtenidos en las pruebas y observaciones realizadas, siguiendo un razonamiento lógico y evitando sesgos personales. La ética profesional también exige que el psicólogo se abstenga de emitir juicios categóricos que excedan el alcance de su competencia o que carezcan de suficiente evidencia empírica.

Para sintetizar en el ámbito pericial psicológico, la estricta observancia de principios éticos y legales asegura informes claros, objetivos y fundamentados, protegiendo derechos individuales y contribuyendo eficazmente a procesos judiciales transparentes y justos.

La identificación del objetivo pericial en base a la orden emitida por un juez es un paso fundamental que delimita el alcance y la orientación del informe psicológico. Según Kaplan y Saccuzzo (2001), este proceso implica analizar cuidadosamente el contenido de la solicitud judicial para determinar las áreas específicas que deben evaluarse, como la presencia de alteraciones psicológicas, la capacidad parental o la credibilidad del testimonio, entre otros aspectos. Es esencial que el psicólogo perito interprete con precisión los términos legales y los traduzca a objetivos psicológicos claros y medibles, garantizando que la evaluación esté alineada con la finalidad del proceso judicial. Esto no solo asegura el cumplimiento de la solicitud, sino que también evita la inclusión de información irrelevante o conclusiones que excedan el ámbito de competencia del perito.

La formulación del objetivo pericial debe estar fundamentada en un marco teórico y ético que garantice la validez y pertinencia de las conclusiones. Los psicólogos forenses tienen la responsabilidad de integrar su conocimiento científico con los requerimientos legales, asegurándose de que sus evaluaciones sean imparciales, objetivas y basadas en evidencias.

Para ello, es clave identificar las preguntas o hipótesis específicas que surgen del mandato judicial. (Saborío Valverde, 2005).

Finalmente, la elaboración de un informe pericial en psicología debe estar guiada por principios éticos, rigor científico y un profundo respeto por los derechos de las personas involucradas. La confidencialidad, la imparcialidad y el cumplimiento de las normativas legales son pilares fundamentales que aseguran la validez y utilidad del informe en el contexto judicial.

1.2.1. Análisis del objetivo pericial, con relación a la materia judicial enfocado a la selección de protocolos de intervención

El análisis del objetivo pericial en relación a la materia judicial ya sea penal, familiar o laboral, implica identificar el tipo de conflicto o pregunta jurídica que subyace a la solicitud judicial, determinando los aspectos psicológicos específicos que deben evaluarse para responder a las necesidades del caso. En el ámbito penal, por ejemplo, podría centrarse en evaluar la responsabilidad penal, la imputabilidad o el impacto psicológico de un delito o en los casos de violencia basada en género, la identificación del daño psicológico generado por dicha violencia; en lo familiar, en cuestiones como la idoneidad parental o el bienestar de niños, niñas y adolescentes dentro de procesos de tenencias régimen de visitas, patria potestad entre otros; y en lo laboral, en la valoración de daño psíquico o acoso laboral (Kaplan & Saccuzzo, 2017). Este análisis permite estructurar un protocolo de intervención adecuado, seleccionando instrumentos y técnicas que sean pertinentes, válidos y confiables para el contexto judicial específico (Muñoz, 2018). Asegurando una evaluación metódica, integral y ajustada a las preguntas periciales, facilitando que las conclusiones sean útiles para la toma de decisiones legales y respeten los principios éticos y científicos.

1.2.2. Revisión del expediente Judicial, primer levantamiento de información para la construcción de la hipótesis.

El análisis del expediente judicial es un paso crucial en la labor pericial psicológica, ya que proporciona el marco contextual necesario para comprender el caso y delimitar los objetivos de evaluación. Según la teoría procesal, el expediente o cuaderno procesal actúa como la primera herramienta de levantamiento de información, pues reúne todos los documentos, pruebas y actuaciones legales relacionadas con el caso (Kaplan & Saccuzzo, 2017). Este análisis permite al perito identificar las preguntas clave formuladas por el juez, las posiciones de las partes involucradas, y los antecedentes relevantes, como declaraciones testimoniales, informes previos y decisiones judiciales preliminares. Dicho proceso facilita que el psicólogo estructure su intervención en base a los requerimientos específicos del sistema judicial, respetando los límites de su competencia profesional, herramientas que ayudarán a establecer la hipótesis para la evaluación.

Además, el cuaderno procesal permite detectar posibles contradicciones o elementos que necesitan ser esclarecidos durante la evaluación psicológica. Por ejemplo, en casos de derecho familiar, puede incluir informes sobre visitas previas de trabajo social, médicos, psicológicos o de Sala Lúdica, declaraciones contradictorias de las partes que el perito debe considerar para ofrecer un análisis completo e imparcial. En el ámbito penal, puede proporcionar información sobre las circunstancias del delito y los antecedentes del acusado o la víctima, lo que orienta la selección de instrumentos y técnicas a utilizar. Este análisis no solo asegura que la intervención pericial esté alineada con las exigencias del caso, sino que también refuerza la credibilidad del informe al evidenciar que se ha considerado toda la información relevante en la elaboración de las conclusiones (Muñoz, 2018).

1.2.3. Primera correlación de información para el establecimiento de hipótesis, uso de objetivos e información preliminar del expediente judicial.

La correlación de información a partir del análisis del expediente judicial es un paso esencial para el establecimiento de hipótesis en un informe pericial psicológico, ya que permite integrar los datos preliminares en un marco lógico y coherente. Según Kaplan y Saccuzzo (2017), este proceso consiste en identificar los elementos relevantes del caso, como antecedentes familiares, sociales, laborales o penales, y relacionarlos con las preguntas clave planteadas en la orden judicial. Por ejemplo, En un caso de violencia de género, la correlación de datos puede incluir la revisión de declaraciones, denuncias realizadas previamente, informes médicos, facilitará la construcción de hipótesis sobre la dinámica familiar, el ciclo de violencia y posibles elementos de riesgo que ayudarán al evaluador a delimitar hipótesis para guiar su evaluación seleccionando técnicas, instrumentos y protocolos idóneos que permitan validar o refutar dichas hipótesis de manera objetiva.

Asimismo, esta primera correlación de información permite anticipar posibles inconsistencias o vacíos en los datos disponibles, lo que puede guiar la formulación de preguntas específicas para el proceso de evaluación psicológica. Cabe destacar lo planteado por Rogers y Shuman (2000) cuando destacan que el evaluador forense competente debe ser escéptico, verificar. Por el contrario, el terapeuta competente debe ser empático y aprobador por lo que el establecimiento de hipótesis debe basarse en una triangulación de información entre los datos del expediente judicial, las evidencias empíricas y los marcos teóricos aplicables al caso

Este análisis inicial no solo da claridad al enfoque de la pericia, sino que también garantiza que las hipótesis planteadas sean pertinentes, específicas y fundamentadas. Por tanto, este proceso es crucial para estructurar un protocolo de intervención que permita abordar las demandas judiciales con rigor y objetividad, asegurando que las conclusiones sean útiles y válidas dentro del contexto legal (Muñoz, 2018).

En conclusión, el análisis del expediente judicial es un paso fundamental en la elaboración de un informe pericial psicológico, ya que proporciona el contexto necesario para identificar los objetivos de evaluación y establecer hipótesis válidas. Este proceso permite al perito alinear su intervención con los requerimientos judiciales, asegurando que las conclusiones sean objetivas, relevantes y respaldadas por evidencia.