Los protocolos de evaluación serán documentos que establecerán normas, procedimientos y reglas para la realización de una actividad a fin de alcanzar un objetivo; el uso de protocolos de evaluación dentro del área de la psicología forense garantizará la objetividad, a validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos. Además, apoyará al experto a ordenar de forma adecuada la información que analizará. Un adecuado apoyo de los protocolos y guías de buenas prácticas aportará al impacto que tendrá el informe pericial en las decisiones judiciales.

Estos protocolos aportarán una guía clara y estructurada que minimizará los sesgos del evaluador, asegurando el cumplimiento de principios éticos y legales. Además, facilitarán la adaptación del profesional al momento de cumplir con la evaluación en diferentes contextos desde una perspectiva transparente, lo que también le facilitará al evaluador defender los procedimientos adoptados para la evaluación realizada.

Juárez y Lira Mendiguren (2020) destacan la importancia de las guías de buenas prácticas y protocolos, como herramientas fundamentales para estandarizar procedimientos, mitigar errores y asegurar la calidad en la práctica pericial. Estas guías no solo permiten orientar al profesional hacia una metodología basada en evidencia, sino que también funcionan como un recurso para abordar dilemas éticos y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados. Haciendo énfasis en que una práctica forense ética y técnicamente sólida es crucial para garantizar el respeto a los derechos humanos y la imparcialidad en el sistema judicial, lo que contribuirá a la implementación de procedimientos centrados en principios de Justicia Terapéutica.

5.1. Protocolos de levantamiento de información y redacción de informes en casos de Violencia basada en Género y delitos sexuales

La evaluación psicológica forense en casos de violencia sexual y violencia de género desempeña un papel crucial en el ámbito judicial, estos procesos de evaluación estarán enmarcados en el ámbito penal, la evaluación que cumple el psicólogo forense estará centrada en aportar información al Juez sobre la responsabilidad y materialidad de un hecho de violencia (Bula Trujillo, 2021).

Entre los principales retos se encuentran la interpretación objetiva de los datos, la prevención de la revictimización, que es un mandato constitucional (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 78), y el manejo de tensiones entre los principios éticos, como la no maleficencia y la justicia, en un contexto que demanda un equilibrio entre rigor profesional y sensibilidad hacia las víctimas (Juárez y Lira Mendiguren, 2020).

Los estudios destacan la necesidad de protocolos integrales que contemplen factores individuales, relacionales y contextuales para comprender la dinámica de la violencia y apoyar la toma de decisiones judiciales. La evaluación debe incluir una revisión exhaustiva de antecedentes, documentación pertinente y la credibilidad del relato de la víctima mediante análisis objetivos. Lozano y Cabezas-Cherry (2020) enfatizan que una valoración rigurosa no solo contribuye a mejorar la calidad de vida de las víctimas, sino que también respalda la gestión del riesgo y la prevención de futuras agresiones, marcando la importancia de un enfoque ético y basado en evidencia científica.

La evaluación psicológica forense en los casos de Abuso Sexual Infantil (ASI), Violencia de Género y Maltrato Infantil constituyen un ejercicio profesional particularmente desafiante, puesto que el profesional estará expuesto a constantes dilemas ético – legales (Rivera y Olea, 2007), debido a los factores asociados a la naturaleza y fenomenología del delito, en donde muchas veces la única evidencia de los hechos estará en las declaraciones de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes ya que son eventos que ocurren en un contexto de intimidad, sin presencia de testigo y en relación a una clara asimetría de poder que justifica la dependencia y el silencio de las víctimas. Esto dificultará el establecimiento de relaciones de causalidad de los hechos, la falta de reconocimiento del autor, la posibilidad de testimonios contaminados ya sea por entrevistas reiteradas o la inadecuada intervención de los entrevistadores previos (Juárez y Lira Mendiguren, 2020).

Lozano y Cabezas-Charry (2020) aborda las recomendaciones para la valoración psicológica y psiquiátrica forense en víctimas de violencia contra la pareja (VCP) en Colombia, destacando la necesidad de guías específicas que cumplan con estándares nacionales e internacionales. La violencia de pareja es un problema complejo, bidireccional y multicausal que incluye violencia física, psicológica, sexual y económica, afectando mayoritariamente a mujeres. Los autores subrayan la importancia de utilizar herramientas adecuadas, como la entrevista clínico-forense y escalas de evaluación de riesgo, para constatar la existencia de violencia, valorar su impacto psicológico y establecer el nexo causal entre la violencia y el daño sufrido por las víctimas.

Asensi Pérez (2016) analiza la relevancia de la prueba pericial psicológica en casos de violencia de género, haciendo énfasis en que un protocolo adecuado de evaluación psicológica forense en casos de violencia para ser fiable y científicamente avalado; deberá tener al menos cuatro aspectos o áreas de valoración: en primer lugar, establecer que el maltrato y la violencia psicológica han tenido lugar; en segundo lugar, valorar las consecuencias psicológicas (lesión psíquica o secuelas) de dicha violencia; el tercero, debería estar enfocado en establecer y demostrar el nexo causal entre la situación de violencia y el daño psicológico (lesiones psíquicas y secuelas emocionales); y finalmente, la evaluación de la credibilidad del testimonio.

El objetivo central de la evaluación psicológica forense en casos de Violencia basada en Género Violencia sexual y Maltrato Infantil estará enfocado en:

1. Identificar el impacto emocional del hecho de violencia denunciado
2. Establecer el nivel de riesgo de la víctima a vivir violencia que permitan gestionar los recursos de protección para las víctimas
3. Evaluación del daño psicológico provocado por la violencia denunciada
4. Valoración de la peligrosidad del agresor / personalidad/ imputabilidad
5. Credibilidad del Testimonio

Es importante destacar que estos objetivos no serán los únicos que pueden ser solicitados por el Juez, ya que en la potestad del juzgador estará pedir todo lo que considere necesario en relación con el área del conocimiento, entre ellos evaluaciones de personalidad, análisis del impacto emocional en relación con el ciclo de la violencia, entre otros. Además, el juzgador podrá pedir un objetivo o varios, así como podrá establecer un objetivo genérico como son las solicitudes de “evaluación psicológica”, en donde el perito deberá tener las herramientas adecuadas para analizar toda la información y canalizar el objetivo en función al criterio técnico y la norma existente.

El alcance del protocolo de evaluación estará enfocado a la evaluación de mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y hombres. Es fundamental conocer que el estado garantizará la atención a los grupos de atención prioritaria, por lo que muchas veces, en su gran mayoría, las Unidades Judiciales Especializadas en Violencia y Delitos sexuales priorizarán los espacios de evaluación gratuita a estas poblaciones. Sin embargo, también serán los equipos técnicos de dichas Unidades quienes podrán intervenir con las evaluaciones a los presuntos agresores.

En conclusión, la evaluación psicológica forense en casos de violencia de género, abuso sexual y maltrato infantil se configura como una labor para garantizar la protección de las víctimas y la administración de justicia. Este proceso no solo busca identificar el impacto emocional y los riesgos asociados al hecho de violencia, sino también establecer nexos causales entre las agresiones y los daños psicológicos sufridos. Como lo destacan autores como Lozano y Cabezas-Charry (2020) y Asensi Pérez (2016), la implementación de protocolos de evaluación integrales y estandarizados contribuye significativamente a la credibilidad y confiabilidad de las conclusiones, a la vez que minimiza la revictimización.

Torres y Manzo (2004) describen la autopsia psicológica (AP) como una técnica empleada principalmente en la psicología forense y jurídica, cuyo propósito es formular, desde una perspectiva de salud mental, hipótesis sobre cómo pudo ocurrir el fallecimiento de una persona cuando las causas no son claras o definidas. Esta técnica se incluye dentro de las denominadas "evaluaciones psicológicas reconstructivas" en el ámbito forense.

El mismo autor destaca que la autopsia psicológica debe ser tan objetiva como una autopsia médico-legal, de modo que pueda clarificar muertes que inicialmente son categorizadas como ambiguas, inciertas o equívocas en cuanto a su causa—ya sea natural, accidental, suicida u homicida, femicida—mediante la comprensión del estado mental de la persona en el momento de su fallecimiento. Este proceso implica una exploración imparcial de las ciencias del comportamiento para analizar, desde la perspectiva psicológica de la víctima, los factores relacionados con su muerte. Sin embargo, también es un procedimiento que se ha utilizado para analizar perfiles en casos de desaparición forzada.

Para Poveda Durán & Romero Hernández, (2024), en su propuesta de diseñar un protocolo ecuatoriano para Autopsia psicológica (APR-EC) plantean que el principal objetivo de la autopsia psicológica es determinar la causalidad de la ausencia (muerte o desaparición) y la dinámica de los presuntos hechos. Estos autores destacan que la AP, metodológicamente, deberá establecer las características de la persona ausente, entre elementos de personalidad, aspectos psicopatológicos, antecedentes sociodemográficos, rutinas, aficiones, estilo de vida, y dinámicas relacionales en el ámbito privado y público, incluyendo familiares, de pareja, educativos, laborales. Destacan que la AP no goza de un consenso universal; sin embargo, cuenta con procedimientos estructurados y semiestructurados, siendo los segundos los que tienen mayor aceptación en el ámbito forense ante la flexibilidad en la aplicación de sus procedimientos y la capacidad que estos procedimientos pueden tener para adaptarse a cada persona y situación investigada.

En Ecuador, la aplicación de la autopsia psicológica (AP) ha experimentado un incremento en los últimos años, especialmente en el ámbito forense para investigar muertes de causa dudosa. En 2009, la Policía Judicial implementó los primeros casos de AP en delitos contra la vida, utilizando el Modelo de Cuestionario de Autopsia Psicológica Forense. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) analizó un caso de muerte dudosa de gran repercusión social, lo que contribuyó a la tipificación del delito de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014. Sin embargo, la difusión de la AP ha enfrentado obstáculos, como la falta de conocimiento técnico por parte de las autoridades judiciales que solicitan su aplicación sin comprender plenamente los recursos necesarios ni la temporalidad que implica el cumplimiento de esta, incluyendo la especialización profesional y el trabajo en equipo multidisciplinario. Además, hasta 2016, existía un desconocimiento significativo de la técnica de AP entre los profesionales de la salud mental forense, lo que llevó a la implementación de capacitaciones institucionales específicas para peritos psicólogos de la FGE, impartidas por instituciones académicas nacionales y extranjeras con el fin de fortalecer las investigaciones (Poveda Durán & Romero Hernández, 2024).

El Protocolo Ecuatoriano de análisis psicológico retrospectivo (APR-EC), construido por Poveda Durán & Romero Hernández, (2024) está compuesto por diez fases.

El alcance del protocolo de evaluación estará enfocado en levantar la mayor información sobre la vida del sujeto, pudiendo entrevistarse a familiares, allegados y amigos, entre otros. Se considera que estas entrevistas deberían iniciarse al menos cuatro semanas después del hecho, comprendiendo el duelo de las familias. Además, la evaluación tendrá como objetivos esenciales dos: el primero estará relacionado con encontrar elementos iniciales que podrían destacar una causa de muerte dudosa, según la estrategia NASH (Natural, Accidental, Suicidio y Homicidio); siendo el segundo objetivo, considerar las características de la ausencia (muerte o desaparición) según las circunstancias y situaciones vitales de la persona ausente (Poveda Durán & Romero Hernández, 2024)

Estos autores destacan que existen tres procedimientos de mayor rigurosidad en su construcción estandarización y validación que pueden ser de utilidad al momento de cumplir con la evaluación entre ellas están:

• Modelo de Autopsia Psicológica, segunda versión (Litman, 1968).
• Modelo de Autopsia Psicológica (Cross et al., 2002).
• Modelo Autopsia Psicológica Integrado (MAPI; García-Pérez, 1999, 2014).

En resumen, la autopsia psicológica (AP) se presenta como una técnica invaluable en la psicología forense para esclarecer muertes de causa dudosa y analizar desapariciones forzadas. Este procedimiento, aunque no cuenta con un consenso universal, ha evolucionado hacia modelos estructurados y semiestructurados que permiten una mayor adaptabilidad a los casos investigados. En Ecuador, su aplicación ha ganado relevancia en el ámbito judicial, impulsando desarrollos como el Protocolo Ecuatoriano de Análisis Psicológico Retrospectivo (APR-EC), diseñado por Poveda Durán y Romero Hernández (2024), que establece un enfoque metodológico integral para reconstruir la vida y las circunstancias de la persona ausente. Con estos avances, la AP refuerza su importancia como herramienta multidisciplinaria y científica en la búsqueda de justicia y verdad en contextos forenses.

Una metapericia consiste en el análisis crítico de un informe pericial previo con el propósito de identificar cuáles de sus aspectos están respaldados científicamente y cuáles carecen de soporte adecuado. Se podría pensar que no es un informe parcial al no tener que cumplirse con entrevistas o evaluaciones; sin embargo, sí es una actividad hecha por un perito que analiza documentos y conceptúa como experto. Este tipo de evaluación se utiliza como herramienta defensiva para cuestionar o desmontar un peritaje existente, centrándose exclusivamente en los aspectos metodológicos y científicos, sin emitir juicios sobre las personas o los profesionales involucrados. Su objetivo principal es destacar posibles errores metodológicos y conclusiones incorrectas en el informe original, funcionando como una revisión técnica que busca detectar debilidades o inconsistencias en el trabajo pericial anterior (Tapias et al., 2022).

Esta autora destaca que los errores metodológicos en las pericias pueden tener consecuencias devastadoras, especialmente considerando que el dictamen pericial posee un peso significativo en las decisiones judiciales. Por ello, resalta la importancia de garantizar un control técnico, científico y metodológico riguroso en los dictámenes periciales dentro del sistema adversarial, ya que estos errores pueden afectar gravemente los derechos humanos de las personas involucradas.

El objetivo central de las metapericias será determinar si existe halación lógica y rigor científico en el cuerpo de la pericia analizada (Salas-Picón et al., 2024), identificando elemento constitutivos de las mismas, que avalaran los dichos vertidos en las conclusiones (Tapias et al., 2022). Esta experticia se llevará a cabo a través de un análisis documental; de ninguna manera será analizado el firmante del informe, así como tampoco el fondo del caso que se dilucida mediante el informe objeto de la meta pericia, comprendiendo siempre que hacer observaciones sobre el profesional que cumplió la pericia será un error ético, puesto que el enfoque central de la experticia será el informe y no el técnico (Salas-Picón et al., 2024).

La metapericial buscará llegar a conclusiones que le permitan saber si el informe analizado tiene o no rigor científico, si las hipótesis fueron adecuadamente planteadas, si existió una adecuada triangulación de la información, si es que se perciben divergencias sustanciales con el expediente judicial, si las herramientas empleadas para la evaluación son fiables, pertinentes y que cumplan estándares de validez, nada tiene que ver el análisis con el fondo del caso sino evidenciar la eficacia o no para ser un elemento de asesoría eficiente para el juzgador, por lo que centrará su atención en calificar si el informe cuenta con información idónea, científica y metodológicamente rigurosa para una adecuad asesoría judicial (Salas-Picón et al., 2024).

Acarapi, (2024) en su análisis metapericial psicológico forense sobre trastornos de personalidad (TP), hace notar que los TP son patrones conductuales rígidos y repetitivos que dificultan la adaptación del individuo y requieren evaluaciones amplias y detalladas, aunque estas no siempre se realizan adecuadamente. La investigación señala que las pericias psicológicas suelen basarse exclusivamente en pruebas de personalidad sin considerar información complementaria esencial como antecedentes clínicos, penales o biográficos. Esto limita el análisis de factores relevantes como impulsividad, ira o hostilidad y afecta la comprensión del comportamiento desadaptativo en contextos legales. Además, el uso exclusivo de pruebas psicométricas para establecer conclusiones contraviene los criterios establecidos en manuales como el DSM-5 y el CIE-11, comprometiendo la validez del diagnóstico forense y la ética profesional.

Por otro lado, errores metodológicos, como la administración incorrecta de pruebas psicológicas, interpretaciones inadecuadas y omisión de resultados, evidencian deficiencias en las evaluaciones periciales. Esto afecta su aceptación como evidencia objetiva ante la autoridad judicial y refleja una falta de formación especializada en psicología forense. También se identifican confusiones conceptuales en los términos utilizados por el sistema judicial para solicitar evaluaciones de personalidad, dificultando la distinción entre rasgos normales y patológicos. Las limitaciones en el diseño de la investigación, junto con la falta de consenso en los métodos aplicados, resaltan la necesidad de mejorar la preparación teórica y técnica de los peritos para garantizar diagnósticos éticos y fundamentados (Acarapi, 2024).

El contrainforme psicológico pericial se consolida como una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y la calidad en los procesos judiciales. Este tipo de informe no solo permite identificar posibles errores metodológicos o interpretativos en un informe previo, sino que también subraya la importancia de integrar la información obtenida desde un enfoque científico y ético. Según Horcajo-Gil y Dujo López (2020), una de las claves para el éxito del contrainforme radica en su capacidad para emplear métodos válidos y fiables que reduzcan los sesgos y garanticen una evaluación equilibrada. Además, al partir de principios como el respeto por la imparcialidad y la crítica constructiva, el contrainforme no busca desacreditar al profesional que realizó el informe original, sino aportar objetividad y rigor técnico al proceso judicial. Esto se traduce en decisiones más fundamentadas y ajustadas al mejor interés de las personas involucradas.

Se resalta que, aunque la práctica de los contrainformes genera debate, es cada vez más aceptada dentro de la psicología forense, siempre que se realice con objetividad y rigor técnico. La evaluación incluye el análisis de metodologías utilizadas, el sustento de las conclusiones en datos empíricos, y la consideración de aspectos como la relación entre los resultados y los hechos evaluados. Además, los autores mencionan la necesidad de evitar errores comunes como la falta de integración de datos o conclusiones insuficientemente fundamentadas, que podrían comprometer la validez del informe (Horcajo-Gil y Dujo López, 2020).