La Justicia Terapéutica (en adelante, TJ) surgió en 1987 como una orientación dentro del enfoque de la Comprehensive Law. Sus principales impulsores, David Wexler y Bruce Winick, desarrollaron esta propuesta en respuesta a una importante crisis del sistema punitivo, planteando un cambio hacia un modelo que busca humanizar la justicia. Este enfoque se basa en principios integradores y un abordaje más cercano a las personas (Fariña, Villamil, & Rodríguez, 2015).

La TJ se concentra en el papel de la ley y su aplicación como agentes terapéuticos (Ochoa, 2023). Sus principales características incluyen:

Un enfoque en la maximización del bienestar emocional y psicológico de las personas y comunidades involucradas en procesos legales.

La incorporación de preocupaciones extralegales, que van más allá de la mera aplicación normativa, abordando factores humanos y sociales relevantes (Osuna, 2020).

Este paradigma propone un diseño y aplicación terapéutica de la ley, poniendo énfasis en dignificar a las partes procesales y potenciar su bienestar psicoemocional (Perlin, Gould, & Dorfman, 2020). Se la define como:

“La TJ estudia el ‘rol del derecho como agente terapéutico’, analizando el impacto que una determinada ley, norma o procedimiento provoca sobre la vida emocional y el bienestar psicológico de las personas afectadas por su aplicación. El derecho se considera como una fuerza social que produce comportamientos y consecuencias, pudiendo ser tanto terapéuticas como antiterapéuticas, esto es, beneficiosas o perjudiciales para las personas a las que se aplica” (Pillado, 2020, p. 19).

La Justicia Terapéutica propone que los operadores de justicia evalúen la ley teniendo en cuenta tanto los efectos deseados como los no deseados de su aplicación, con el objetivo de comprender su impacto en las personas involucradas. Este enfoque permite, sin comprometer el debido proceso, integrar principios de otras disciplinas para abordar problemáticas desde una perspectiva centrada en la humanización de la justicia (Pillado, 2019).

La TJ también insta a los actores legales, provenientes de diversas disciplinas, a reconocerse como agentes de cambio. Sus palabras, acciones y conductas influyen de manera inevitable en las personas involucradas en procesos judiciales. De esta forma, la TJ se presenta como una propuesta para la humanización de la justicia, respetando el debido proceso y centrándose en las necesidades humanas de quienes atraviesan procedimientos legales (Villemur, González, & Arrieta, 2020).

David Wexler utiliza la metáfora del "vino y las botellas" para ilustrar los principios centrales de la TJ. En esta metáfora, el “vino” representa las técnicas y prácticas profesionales, mientras que las “botellas” simbolizan los procedimientos y normas legales aplicables. Desde esta perspectiva, Wexler sugiere que es posible desarrollar nuevos métodos de impartir justicia que prioricen el bienestar de quienes participan en procesos legales (Wexler, 2013).

Otros autores refuerzan esta visión al proponer que el "líquido" de la TJ no debe limitarse a una única variedad de vino. Por el contrario, se plantea que la TJ debe adaptarse a cada ámbito del derecho, desarrollando técnicas y enfoques específicos para satisfacer las necesidades humanas de cada caso (Osuna, 2020).

La Justicia Terapéutica propone que los abogados adopten un rol activo, dando voz y dignidad a las personas y percibiendo la ley como una herramienta social capaz de generar consecuencias terapéuticas positivas, en donde cada uno de los operadores de justicia entre ellos los peritos psicólogos darán un valor agregado a las decisiones judiciales a favor del bienestar de las personas que atraviesan un proceso legal.

En conclusión, la Justicia Terapéutica representa un cambio paradigmático en la aplicación de la ley, enfocándose en el bienestar emocional y psicológico de las personas involucradas en procesos legales. A través de un enfoque integrador que considera tanto los efectos positivos como negativos de las normas, busca humanizar el sistema judicial, promoviendo el respeto y la dignidad de las partes procesales. Al adoptar este enfoque, los operadores de justicia, incluidos los psicólogos forenses, pueden contribuir al bienestar integral de las personas, ofreciendo un valor agregado en las decisiones judiciales y garantizando un proceso más justo y empático.

3.1.1. La Justicia Terapéutica aplicada a la evaluación psicológica forense

La Justicia Terapéutica (TJ) aplicada a la evaluación psicológica forense busca integrar un enfoque humanizado y centrado en las necesidades de las personas que participan en procesos judiciales. Este modelo considera no solo los aspectos técnicos y objetivos de la evaluación, sino también su impacto emocional y psicológico en los evaluados. Los profesionales de la psicología forense son instados a actuar como agentes terapéuticos, promoviendo prácticas que, además de cumplir con los objetivos legales, respeten la dignidad y el bienestar emocional de las personas involucradas. Por ejemplo, la TJ plantea que el lenguaje utilizado en los informes psicológicos debe ser claro y accesible, evitando estigmatizaciones que puedan afectar negativamente a las partes procesales (Perlin, Gould, & Dorfman, 2020).

En este contexto, la TJ también subraya la importancia de que los evaluadores comprendan cómo los métodos y procedimientos empleados en la evaluación pueden generar consecuencias terapéuticas o antiterapéuticas. Esto implica adoptar prácticas que reduzcan el estrés y la ansiedad de los evaluados, fomentando un ambiente de respeto y comprensión. Además, se propone la utilización de herramientas de evaluación que, además de medir características psicológicas relevantes, permitan identificar necesidades específicas que puedan ser abordadas en el contexto judicial, contribuyendo así a un abordaje más integral y humanizado (Osuna, 2020). Este enfoque no busca reemplazar los estándares de la evaluación forense, sino complementarlos mediante la incorporación de principios centrados en el bienestar humano.

La Justicia Terapéutica (TJ) aplicada a la evaluación psicológica propone un enfoque integral que no solo aborda los aspectos técnicos de la evaluación, sino también su impacto emocional y psicológico en los evaluados. Este modelo enfatiza la importancia de que los psicólogos forenses actúen como agentes terapéuticos, promoviendo prácticas que respeten la dignidad y el bienestar emocional de las personas involucradas. A través de un lenguaje claro y accesible, y la adopción de métodos que reduzcan el estrés y la ansiedad, la TJ busca generar consecuencias terapéuticas en lugar de antiterapéuticas.

3.1.2. Principios de la Justicia terapéutica con relación a la evaluación psicológica forense, enfocados a evitar la victimización secundaria en la evaluación pericial.

Fariña (2022) destaca que los principios de la Justicia terapéutica están centrados en:

1. Una intervención judicial continua
2. El estrecho seguimiento de la conducta y respuesta inmediata a la misma.
3. La integración de los servicios de tratamiento con el procedimiento de los casos judiciales
4. La participación multidisciplinaria y la colaboración con organizaciones comunitarias gubernamentales.

Haciendo énfasis en la importancia de adoptar una ética de cuidado, los operadores de justicia deben transformar la forma en que se aplica la ley. Desde la perspectiva de la Justicia Terapéutica (TJ), es fundamental que los evaluadores dejen atrás la visión tradicional centrada en "ganadores" y "perdedores". En los procesos relacionados con violencia, aunque se espera que las víctimas logren un bienestar tangible, esto no implica que los agresores deban perder necesariamente. Por el contrario, se propone un enfoque humanizante y transformador, donde el procesado tenga la oportunidad de reeducarse y fomentar un cambio positivo en su conducta.

En este contexto, la labor del perito psicólogo, al recopilar información mediante entrevistas, aplicación de reactivos y análisis de fuentes colaterales, debe enfocarse en los aspectos humanos, emocionales y psicológicos vinculados a las normas sustantivas y procesales. Su aplicación, por parte de todos los operadores de justicia, debe promover el bienestar integral de las personas involucradas en el proceso, garantizando una intervención más justa y humanizada (Pillado, 2020).

3.1.3. Justicia Terapéutica: aplicada a la evaluación en ruptura de pareja y familias en conflicto

La TJ basa su idea en que la ley puede tener efectos terapéuticos como antiterapéuticos dependiendo de cómo se diseñe y aplique. Además, hace énfasis en la importancia del conocimiento de varias ciencias para comprender cómo puede aplicarse la ley para promover bienestar. Se destaca el trato con dignidad y respeto, dando voz a las partes que enfrentan un proceso, lo que contribuirá a reducir la reincidencia, aportar a la reparación del daño y fortalecer la confianza en la justicia (Costa Rica. Poder Judicial, 2023).

La TJ puede aplicarse en diversos contextos jurídicos, en este caso el derecho de familia, en donde la aplicación amigable de la ley puede generar cambios en los procesos de ruptura de pareja. la TJ propone cambios en la forma de gestionar y resolver los conflictos, usando todos los medios disponibles para la resolución de estos, entre ellos la mediación (Pillado, 2020 Los procesos de ruptura de pareja suelen presentar altos niveles de conflictividad, por lo que la aplicación del paradigma de la TJ minimizará el impacto de los conflictos interparentales en los niños, niñas y adolescentes que se ven afectados. Se propone que los operadores de justicia asuman que la aplicación de la ley debe estar enfocada en la resolución del conflicto desde su raíz y no solo en sus síntomas (Fariña, Seijó y Vazquez, 2020).

La entrevista forense tiene como objetivo principal obtener una declaración que, desde un enfoque humanizado y respetando la dignidad de la persona, permita recopilar información clave para que el juzgador pueda evaluar los elementos necesarios desde una perspectiva imparcial. Este tipo de entrevista constituye una herramienta esencial para obtener datos relevantes, suficientes y útiles sobre los hechos en investigación (Franco, Jiménez y Quintana, 2020). Cabe resaltar que este proceso no forma parte de un tratamiento psicológico, sino que se enfoca exclusivamente en conocer la verdad de un hecho denunciado o investigado, adaptándose a la materia específica en la que se realice (de Michigan, 1996).

El protocolo de entrevista forense establece directrices fundamentales para la conducción de estas entrevistas. En primer lugar, su enfoque se centra en evaluar hipótesis en lugar de confirmarlas directamente. Como se explicó en clases anteriores, el evaluador genera previamente una serie de hipótesis y, durante la entrevista, busca comprender integralmente los elementos que permitan valorar, descartar incongruencias y sostener información que facilite una mejor comprensión de los hechos de manera clara y objetiva. En segundo lugar, el protocolo resalta la importancia de que el investigador mantenga un flujo de conversación que evite sugerir hechos no mencionados por el evaluado o proyectar interpretaciones adultas en el relato del menor (de Michigan, 1996).

Por su parte, Franco, Jiménez y Quintana (2020) subrayan los riesgos de revictimización inherentes a la entrevista forense. Sin embargo, destacan que, cuando se ejecuta correctamente y bajo parámetros éticos y técnicos, este proceso puede prevenir la exposición de los sujetos evaluados a procedimientos inadecuados o antiterapéuticos. De este modo, una adecuada implementación contribuye a evitar impactos negativos adicionales a los que ya enfrenta la persona evaluada, como consecuencia de la victimización o el conflicto que atraviesa.

Arce y Fariña (2012), hacen énfasis en que la entrevista clínica tradicional no es útil en el área forense, ya que el cometido de una evaluación forense es diferente. En el ámbito forense, la entrevista se centra en el objetivo pericial y, por ende, las técnicas utilizadas son distintas a las del ámbito clínico, donde la entrevista se enfoca en establecer un plan de tratamiento, mientras que en lo forense se orienta a solventar elementos del mandato judicial.

La entrevista forense, a diferencia de las pruebas psicológicas, carece de baremos estandarizados; sin embargo, es un espacio de suma importancia para el evaluador, ya que los sujetos evaluados pueden responder a todas las preguntas relacionadas con los síntomas, permitiendo así que el evaluador obtenga un perfil psicológico más congruente. Además de valorar la prueba, también se identifican elementos de conducta no verbal que pueden contribuir a neutralizar algunos sesgos (Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011).

Según Barea y Villegas (2001) la entrevista forense es una herramienta fundamental para la recolección de información en el contexto de la evaluación psicológica. No se trata de una conversación ordinaria, ya que el entrevistado, consciente del entorno, puede intentar causar una buena impresión, ocultar información, simular o disimular comportamientos. Estas conductas son, a su vez, objeto de análisis y evaluación por parte del entrevistador.

Este tipo de entrevista se desarrolla en tres fases principales:

1. Preparación: El entrevistador debe contar con un panorama claro sobre las hipótesis y los objetivos de la evaluación. Esta etapa es crucial para estructurar la entrevista y definir las estrategias de abordaje.
2. Comienzo: Dividida en dos niveles, esta fase inicial busca generar una relación positiva con el evaluado. Promoviendo un ambiente de confianza donde el entrevistado pueda expresarse de manera libre y abierta, mientras el psicólogo forense analiza sus verbalizaciones. En el segundo nivel, se fomenta la colaboración activa del evaluado con el proceso, estableciendo un marco de respeto y cooperación.
3. Cuerpo: En esta etapa, la entrevista adquiere una estructura semidirigida o semiestructurada, orientada hacia puntos específicos de evaluación. El entrevistador se enfoca en analizar las características del relato, identificando síntomas, peculiaridades del discurso y comportamientos verbales y no verbales, lo que permite profundizar en aspectos clave para la evaluación.

Este enfoque garantiza una evaluación sistemática y rigurosa, adaptada a los objetivos específicos del caso.

En conclusión, la entrevista forense es una herramienta clave en la evaluación psicológica, diseñada para recopilar información esencial de manera respetuosa y objetiva, sin invadir la dignidad de la persona evaluada. A través de un protocolo bien estructurado, el evaluador puede obtener datos relevantes sin causar daño adicional al evaluado, minimizando el riesgo de revictimización. Aunque carece de estandarización como las pruebas psicológicas, la entrevista forense permite un análisis profundo del perfil psicológico del evaluado, considerando tanto los aspectos verbales como no verbales, lo que garantiza una evaluación más completa y precisa en el marco judicial.

3.2.1. Estudio de la ficha FCHC (ficha de verificación de la historia del sujeto en el ámbito forense) recolección de información de fuentes.

La Ficha de Verificación de la Historia del Sujeto en el Ámbito Forense (en adelante FCHC) fue desarrollada por Anthony D. Sciara, Ph.D., en los Estados Unidos y posteriormente traducida y adaptada para la población forense en Argentina por la Lic. Marta Medina en 2016. Este instrumento está diseñado para su uso en diversos contextos forenses, como casos criminales, violencia de género, daño psíquico y procesos de familia, siendo también útil en la recopilación de información sobre adolescentes infractores (Sciara y Medina, 2016).

La FCHC es una herramienta estructurada de recolección de datos que permite al examinador obtener información detallada sobre el funcionamiento actual e histórico del sujeto en diferentes áreas de su vida. Asimismo, proporciona datos que pueden confirmar o cuestionar las observaciones realizadas a partir de pruebas diagnósticas (Sciara y Medina, 2016).

Su aplicación requiere entre una y dos horas, dependiendo de la amplitud y profundidad de la entrevista, así como de la experiencia del evaluador en su manejo. Su uso es especialmente eficaz durante la primera entrevista, ya que facilita el levantamiento inicial de información. Antes de iniciar, es esencial explicar al entrevistado las áreas de las que se recabará información, destacando que estos datos contribuirán al análisis del caso. Además, se debe motivar al sujeto a proporcionar información veraz y completa, fomentando una actitud abierta hacia el proceso (Sciara y Medina, 2016).

Su aplicación requiere entre una y dos horas, dependiendo de la amplitud y profundidad de la entrevista, así como de la experiencia del evaluador en su manejo. Su uso es especialmente eficaz durante la primera entrevista, ya que facilita el levantamiento inicial de información. Antes de iniciar, es esencial explicar al entrevistado las áreas de las que se recabará información, destacando que estos datos contribuirán al análisis del caso. Además, se debe motivar al sujeto a proporcionar información veraz y completa, fomentando una actitud abierta hacia el proceso (Sciara y Medina, 2016).

3.2.2. Protocolos de entrevista forense

El uso de protocolos en la realización de entrevistas forenses es fundamental para garantizar una adecuada organización y recolección de información sensible sobre los hechos evaluados. Estos protocolos permiten obtener datos de manera objetiva e imparcial, respetando los principios de objetividad y rigor científico. Como se ha señalado en clases anteriores, este levantamiento de información no está relacionado con procesos terapéuticos, sin embargo, debe garantizar el bienestar emocional de las personas entrevistadas, evitando su exposición a procesos de victimización secundaria (De Michigan, 1996).

Monte, Vilariño y Arce (2021) destacan que una entrevista bien estructurada puede prevenir la victimización secundaria. Resaltan que la Entrevista Cognitiva, aplicada tanto a niños como a adultos, no solo es eficaz para obtener información de alta calidad y cantidad, sino que también protege a los participantes frente a posibles consecuencias negativas del proceso. Esto contribuye al bienestar emocional, la salud mental y la calidad de vida de las personas evaluadas.

El Protocolo Ecuatoriano de Entrevista Forense mediante Escucha Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual (2018), desarrollado por la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y el Ministerio del Interior, subraya la relevancia de implementar protocolos enfocados en una perspectiva integral. Este enfoque busca no solo garantizar un levantamiento adecuado de la información, sino también proteger los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Además, enfatiza la importancia de que las personas encargadas de las entrevistas estén debidamente capacitadas en los protocolos aplicables y ajustados a la realidad de nuestro país, evitando cualquier tipo de improvisación que pueda comprometer el manejo de la información. Por ello, es esencial seleccionar previamente el protocolo más adecuado según las hipótesis y el objetivo pericial, asegurando un proceso riguroso y profesional.

En conclusión, el uso adecuado de protocolos en las entrevistas forenses es crucial para garantizar una recolección de información precisa y objetiva, al tiempo que se respeta el bienestar emocional de los entrevistados. Estos protocolos no solo facilitan la obtención de datos relevantes, sino que también protegen a las personas involucradas de posibles consecuencias negativas, como la victimización secundaria. A más de los protocolos analizados también se han recomendado protocolos de entrevista como la entrevista forense Cornerhause, protocolo de entrevista forense de Michigan, el protocolo de NICHD, por lo que es interesante que el profesional pueda considerar todas las alternativas en base al objetivo de investigación.