FORO M3: Normativa que rige el área de desarrollo y capacitación de las instituciones públicas y privadas

Hola Daniela El argumento sostiene que resulta “imposible” que una misma normativa rija de forma igual para instituciones públicas y privadas debido a diferencias legales, administrativas y presupuestarias. Sin embargo, esta afirmación parte de una interpretación estrictamente formalista del derecho y omite el análisis de los principios transversales de gestión del talento humano, los cuales son aplicables a ambos sectores, aunque se instrumenten mediante marcos regulatorios distintos.
En primer lugar, respecto al ámbito de aplicación, si bien es correcto que la LOSEP regula exclusivamente al sector público, ello no implica que el sector privado opere en ausencia de regulación. En Ecuador, el Código del Trabajo establece obligaciones relacionadas con capacitación en materia de seguridad, prevención de riesgos y desarrollo de competencias laborales. Además, estándares internacionales como la norma ISO 9001:2015 exigen que las organizaciones —públicas o privadas— aseguren la competencia del personal mediante formación documentada y evaluación de eficacia (ISO, 2015). Por tanto, no existe una autonomía absoluta en el sector privado, sino un régimen regulatorio diferente.
En segundo lugar, sobre la naturaleza jurídica, la doctrina administrativa moderna reconoce que, aunque las entidades públicas están sujetas a mayor formalización, la gestión por competencias y la planificación estratégica del talento humano son prácticas compartidas por ambos sectores. La Nueva Gestión Pública precisamente ha impulsado la adopción de herramientas del sector privado dentro del sector público, reduciendo las diferencias operativas en materia de gestión (Hood, 1991). Esto evidencia una convergencia técnica más que una separación absoluta.
En cuanto a la finalidad de la capacitación, sostener que el sector público busca mejorar el servicio ciudadano y el privado la competitividad empresarial presenta una dicotomía artificial. La teoría del capital humano demuestra que toda inversión en formación busca incrementar la productividad y el desempeño organizacional, independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad (Becker, 1964). Incluso en el sector público, la eficiencia y el uso adecuado de recursos son criterios de evaluación institucional.
Respecto al régimen de control y financiamiento, aunque el sector público exige certificación presupuestaria y procedimientos formales, el sector privado también responde a controles financieros internos, auditorías externas, regulaciones tributarias y estándares de cumplimiento corporativo. La gobernanza corporativa moderna impone mecanismos de rendición de cuentas comparables en rigor técnico a los del sector público (Chiavenato, 2017). La diferencia radica en el tipo de control, no en su inexistencia.
Finalmente, en relación con el nivel de obligatoriedad, afirmar que la capacitación en el sector privado es “voluntaria” desconoce que múltiples disposiciones laborales y estándares internacionales obligan a capacitar en áreas específicas (seguridad industrial, prevención de riesgos, protección de datos, entre otras). Además, desde la perspectiva estratégica, la capacitación se convierte en una necesidad competitiva más que en una simple opción organizacional.
En consecuencia, no es jurídicamente correcto afirmar que resulta “imposible” que una misma lógica normativa pueda regir ambos sectores. Si bien los instrumentos legales difieren, los principios rectores —eficiencia, competencia, planificación, evaluación y responsabilidad en el uso de recursos— son comunes. La diferencia es de forma normativa, no de fondo conceptual ni técnico.

Referencias
Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis. University of Chicago Press.
Chiavenato, I. (2017). Gestión del talento humano. McGraw-Hill.
Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19.
ISO. (2015). ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements. International Organization for Standardization.

Hola, Daniela.

Me parece muy completo tu análisis sobre cómo la naturaleza jurídica y el origen de los fondos marcan la pauta en ambas normativas. Coincido especialmente en tu cuarto punto sobre el régimen de control y financiamiento. A mi criterio, este es el factor más importante, ya que en el sector público la capacitación no es solo un derecho del trabajador, sino un acto administrativo que debe ser auditado. Como bien mencionas, el uso de recursos del Estado obliga a que existan figuras como la certificación presupuestaria, algo que en una empresa privada sería un obstáculo para la agilidad competitiva que necesitan.

Sumando a tu comentario, considero que esta división normativa es fundamental para evitar la discrecionalidad en lo público. Mientras que en el sector privado la capacitación puede ser un beneficio otorgado bajo criterios de confianza o estrategia de mercado, en el sector público la normativa técnica busca estandarizar las competencias de todos los servidores para que el ciudadano reciba la misma calidad de atención, independientemente de la institución.

Referencia:
Asamblea Nacional. (2010). Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Registro Oficial Suplemento 294.
Ministerio de Relaciones Laborales. (2014). Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación. Acuerdo Ministerial 136.