Juan Sebastián, coincido plenamente con el análisis que realizas. Has logrado articular de forma muy precisa cómo la omisión de las GPC y ETES no es solo una falta técnica, sino una vulneración directa a los principios bioéticos fundamentales.
Como complemento a tu exposición, me gustaría añadir que el desafío ético también abarca el uso eficiente de los recursos públicos. Cuando las instituciones no utilizan las ETES para priorizar tecnologías sanitarias, se genera un dilema ético sobre la justicia distributiva: al invertir recursos en tecnologías cuya eficacia o costo-efectividad no ha sido evaluada, se están dejando de financiar intervenciones de mayor impacto demostrado para la población. En este sentido, la no implementación de estas herramientas puede considerarse una forma de 'desperdicio ético', donde la escasez de recursos se ve agravada por una mala gestión de la evidencia, limitando el acceso equitativo a la salud.
Además, tal como lo sugiere el Instrumento AGREE II (2017), la rigurosidad en la elaboración de guías es un mecanismo de control de calidad que protege al paciente de sesgos en la toma de decisiones. Por tanto, la falta de una cultura institucional que promueva estas guías desprotege al clínico, dejándolo en un escenario de incertidumbre donde la variabilidad injustificada de la práctica clínica se vuelve la norma y no la excepción.
¿Consideras que, además de la capacitación, la institucionalización de auditorías clínicas basadas en el cumplimiento de estas guías podría ser una medida de presión ética efectiva para reducir las malas prácticas que mencionas?
Referencia:
AGREE Enterprise. (2017). Instrumento AGREE II: Instrumento para la evaluación de guías de práctica clínica
Como complemento a tu exposición, me gustaría añadir que el desafío ético también abarca el uso eficiente de los recursos públicos. Cuando las instituciones no utilizan las ETES para priorizar tecnologías sanitarias, se genera un dilema ético sobre la justicia distributiva: al invertir recursos en tecnologías cuya eficacia o costo-efectividad no ha sido evaluada, se están dejando de financiar intervenciones de mayor impacto demostrado para la población. En este sentido, la no implementación de estas herramientas puede considerarse una forma de 'desperdicio ético', donde la escasez de recursos se ve agravada por una mala gestión de la evidencia, limitando el acceso equitativo a la salud.
Además, tal como lo sugiere el Instrumento AGREE II (2017), la rigurosidad en la elaboración de guías es un mecanismo de control de calidad que protege al paciente de sesgos en la toma de decisiones. Por tanto, la falta de una cultura institucional que promueva estas guías desprotege al clínico, dejándolo en un escenario de incertidumbre donde la variabilidad injustificada de la práctica clínica se vuelve la norma y no la excepción.
¿Consideras que, además de la capacitación, la institucionalización de auditorías clínicas basadas en el cumplimiento de estas guías podría ser una medida de presión ética efectiva para reducir las malas prácticas que mencionas?
Referencia:
AGREE Enterprise. (2017). Instrumento AGREE II: Instrumento para la evaluación de guías de práctica clínica