La evaluación psicológica pericial de imputados es un proceso esencial en los sistemas judiciales. Se examinan diversos aspectos del funcionamiento psicológico y cognitivo del acusado, incluyendo su estado mental, capacidades intelectuales y psicopatología (Neal et al., 2022; Viljoen et al., 2008). Su objetivo principal es determinar el estado mental del acusado y su capacidad para enfrentar un juicio. Este proceso ayuda al juez a decidir si una persona es imputable, es decir, si puede ser considerada responsable penalmente por sus actos (Muñoz & Echeburúa, 2016). Por lo tanto, los psicólogos forenses aportan información valiosa que orienta las decisiones legales sobre la culpabilidad y la sentencia. En la actualidad, este tipo de evaluación ha evolucionado significativamente, mejorando sus estándares de calidad y rigurosidad científica, y adoptando aquellos avances provenientes de la psicología y la psiquiatría en su práctica.

Los profesionales utilizan técnicas como entrevistas estructuradas y pruebas psicométricas validadas para obtener resultados objetivos y confiables (Miller, 2012). Estas evaluaciones también consideran factores contextuales, como el entorno social y familiar, que pueden influir en el comportamiento delictivo. Además, es fundamental respetar las normativas legales vigentes, ya que los criterios de imputabilidad varían según el contexto jurídico de cada país (Martínez, 2018).

Hoy en día, la evaluación de imputados se realiza de manera interdisciplinaria, involucrando a psicólogos y psiquiatras que colaboran para garantizar una evaluación integral y objetiva. Los programas de formación en psicología forense han respondido a la necesidad de formar expertos en esta área, asegurando la aplicación de las metodologías más avanzadas en los procesos judiciales (Muñoz & Echeburúa, 2016).

La evaluación del funcionamiento psíquico en imputados es fundamental para determinar la capacidad de un individuo para enfrentar el proceso judicial y establecer su nivel de imputabilidad. Este tipo de evaluación tiene como objetivo analizar diversos aspectos del estado mental, la capacidad intelectual y la posible presencia de trastornos psicopatológicos que puedan influir en la conducta delictiva y en la toma de decisiones jurídicas. A continuación, se describen cada uno de estos aspectos con mayor detalle, junto con los métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el ámbito forense.

5.2.1. Estado mental

La evaluación del estado mental tiene como propósito determinar el nivel de conciencia, orientación, memoria, juicio y pensamiento del imputado en el momento de la evaluación y en el momento de los hechos delictivos. Esto es crucial para evaluar su competencia procesal y su capacidad para comprender y participar en el proceso judicial.

Para evaluar el estado mental, se utilizan entrevistas clínicas estructuradas, como la Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders (SCID-5-CV; First et al., 2016), que permite una evaluación sistemática de los principales síntomas psicológicos, y la Mini-Mental State Examination (MMSE; Kurlowicz & Wallace, 1999), una herramienta breve y ampliamente utilizada que evalúa las funciones cognitivas básicas, como la orientación temporal y espacial, la memoria inmediata, el cálculo y las habilidades del lenguaje. Además, resulta útil en la detección de trastornos neurocognitivos, permitiendo identificar alteraciones cognitivas o psicóticas que puedan comprometer el juicio del imputado.

5.2.2. Capacidad Intelectual

La evaluación de la capacidad intelectual está orientada a determinar el nivel de funcionamiento cognitivo del imputado y cómo este puede afectar su comprensión de los hechos, la intencionalidad detrás de sus acciones y su capacidad para colaborar en el proceso judicial. La evaluación de la capacidad intelectual también es relevante en la valoración de la imputabilidad, especialmente en casos donde se sospecha de discapacidad intelectual.

Uno de los instrumentos de mayor uso para medir el coeficiente intelectual (CI) en el contexto forense es la Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos, WAIS-IV (Wechsler, 2008). La WAIS-IV evalúa el CI y proporciona un perfil detallado de las habilidades cognitivas del individuo, ofreciendo métricas sobre diferentes componentes de la inteligencia, como el razonamiento verbal, la memoria de trabajo y el procesamiento perceptual. Otra herramienta utilizada es la Escala de Inteligencia Stanford-Binet, que es particularmente útil en casos de sospecha de discapacidad intelectual, dado que permite identificar tanto habilidades cognitivas generales como específicas, y es especialmente utilizada cuando hay sospechas de niveles de inteligencia disminuidos.

5.2.3. Psicopatología

El propósito de la evaluación psicopatológica es identificar la presencia de trastornos mentales que puedan estar asociados con la conducta delictiva del imputado. Trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y los trastornos de personalidad (por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad) son relevantes en la pericia judicial, ya que pueden afectar, en alguna medida, la capacidad del imputado para comprender la ilegalidad de sus acciones o para ejercer un control adecuado sobre sus impulsos (Martínez, 2018); sin embargo, su efecto jurídico es limitado o nulo.

La psicopatología permite entender cómo ciertos trastornos pueden predisponer a la comisión de delitos específicos. La psicopatía, caracterizada por la falta de empatía y manipulación, no solo facilita la violencia física, sino que también se relaciona con delitos de fraude y estafa, donde el psicópata utiliza a otros para obtener beneficios personales sin remordimientos (Hare, 2003). El Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP) se asocia con delitos como el robo y el vandalismo, ya que quienes lo padecen buscan satisfacer deseos inmediatos sin importar las consecuencias (APA, 2013). Además, los trastornos de control de impulsos explican conductas de agresión reactiva, como el asalto, debido a la incapacidad de regular reacciones ante provocaciones mínimas (APA, 2013). Finalmente, el Trastorno de Personalidad Narcisista puede llevar a delitos de explotación y abuso económico, especialmente cuando el individuo prioriza mantener una imagen de superioridad a cualquier costo (Esbec, 2000).

Para la evaluación de la psicopatología, se utilizan entrevistas diagnósticas estructuradas y escalas psicométricas. Entre las más comunes se encuentran el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 (MMPI-2-RF [Ben-Porath & Tellegen, 2009]), que evalúa trastornos de personalidad y psicopatología, además de una amplia gama de rasgos de personalidad y patrones psicopatológicos, proporcionando información crucial sobre el funcionamiento psicológico del imputado, y el PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised [Hare, 2003]), un instrumento clave para evaluar la psicopatía y determinar la predisposición delictiva y la falta de empatía, entre otros rasgos, una condición altamente correlacionada con conductas delictivas graves.

El juicio de realidad o conciencia forense es un componente crucial en la evaluación psicológica de imputados, ya que tiene un impacto directo en la determinación de la imputabilidad o inimputabilidad de un sujeto. La imputabilidad se refiere a la capacidad de una persona para comprender la naturaleza de sus acciones y la ilegalidad de las mismas, así como su capacidad para controlar su comportamiento de acuerdo con esa comprensión (Miller, 2012). Evaluar el juicio de realidad permite al perito forense identificar si el imputado era consciente de la realidad en el momento de los hechos y si podía diferenciar lo correcto de lo incorrecto.

El objetivo principal de la evaluación del juicio de realidad es determinar si el individuo posee una capacidad adecuada para distinguir entre la realidad y sus distorsiones, un factor crítico en la valoración de su responsabilidad penal. El análisis de este juicio implica la identificación de trastornos psicóticos o alteraciones cognitivas que puedan haber interferido con su capacidad para percibir correctamente los hechos en el momento del delito y su habilidad para comunicarse adecuadamente (Arrigo & Bersot, 2013). Para evaluar el juicio de realidad, se utiliza una combinación de entrevistas clínicas estructuradas y escalas de evaluación de síntomas psicóticos, como la Escala de Síndromes Positivos y Negativos (PANSS [Kay et al., 1987]), que mide síntomas psicóticos clave como delirios y alucinaciones. La Entrevista Clínica Estructurada para Trastornos del DSM-5 (SCID-5 [First et al., 2016]) también es fundamental para diagnosticar posibles trastornos que afecten el juicio de realidad.

5.3.1. Entrevistas y Técnicas Cognitivas

La entrevista pericial, considerada como una prueba de tipo general (a diferencia de los test psicométricos, que son pruebas específicas), no es una técnica más, sino que guía todo el proceso de evaluación (Fernández, 2010). Su propósito es obtener una comprensión detallada del funcionamiento mental del imputado, indagando en su percepción, memoria, juicio, capacidad de razonamiento y nivel de autoconciencia respecto a sus acciones. En el caso de los imputados, se utilizan entrevistas semiestructuradas, como la Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-5 (SCID-5 [First et al., 2016]), orientada a identificar posibles trastornos mentales que puedan afectar la imputabilidad, y la Entrevista Cognitiva Mejorada (Enhanced Cognitive Interview [Fisher & Geiselman, 1992]), que se enfoca en mejorar la calidad del testimonio mediante la recuperación detallada de información, facilitando el acceso a los recuerdos y mejorando la precisión del testimonio del imputado. Estas técnicas permiten explorar la percepción y el razonamiento del individuo, además de identificar posibles distorsiones cognitivas que afecten su versión de los hechos.

5.3.2. Pruebas Psicométricas y Neuropsicológicas

Las pruebas psicométricas y neuropsicológicas tienen como objetivo medir de manera objetiva las capacidades cognitivas y emocionales del imputado. Estas pruebas son fundamentales para detectar alteraciones en la memoria, el razonamiento, el juicio y el control de impulsos, que pueden influir en la conducta delictiva. Entre los instrumentos de mayor uso se encuentran el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 (MMPI-2-RF [Ben-Porath & Tellegen, 2009]), que mide diversos aspectos de la personalidad y detecta trastornos de personalidad severos, y la Batería Neuropsicológica Luria-DNA (Christensen, 1979), que evalúa funciones cerebrales superiores, como la planificación, la memoria y el control ejecutivo/conductual.

5.3.3. Consistencia y veracidad del Relato

La evaluación de la consistencia y veracidad del relato busca determinar la coherencia interna del testimonio del imputado y su correspondencia con la evidencia disponible. Es fundamental para evaluar el testimonio del imputado y detectar posibles manipulaciones o distorsiones en el relato. Se utilizan técnicas como el Análisis de Contenido Basado en Criterios (CBCA [Steller & Köhnken, 1989]) y el Sistema de Evaluación Global de la Credibilidad del Testimonio (Statement Validity Assessment – SVA [Undeutsch, 1989]), que analizan la coherencia, la espontaneidad y la riqueza de detalles en el testimonio para detectar su consistencia. Ambos métodos cuentan con validación para la evaluación del testimonio en español (Manzanero et al., 2011; Arce & Fariña, 2005, respectivamente). Sin embargo, hasta la fecha, no existen validaciones ampliamente reconocidas, específicamente dirigidas a la población adulta en español, que cuenten con un respaldo científico ampliamente difundido, y su utilización con personas adultas sigue siendo motivo de discusión.

5.3.4. Factores Contextuales y Psicopatológicos

Toda evaluación en imputados debe considerar, a su vez, la evaluación de los factores contextuales (familiares, sociales y económicos) y psicopatológicos que pueden estar presentes en el momento de cometer el delito, así como también aquellos elementos predisponentes dentro de la historia del sujeto evaluado, ya que estos factores podrían, eventualmente, mitigar o agravar la responsabilidad del imputado y son cruciales en la evaluación de la imputabilidad. Por lo tanto, como se ha señalado anteriormente, la evaluación debe considerar necesariamente la información colateral, como la revisión de su historial clínico y social. Es relevante también tener en cuenta que ello podría implicar la utilización de otras escalas diagnósticas, como el Inventario de Depresión de Beck (Beck's Depression Inventory, BDI-II [Beck et al., 1996]), para medir síntomas depresivos, y el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (State-Trait Anxiety Inventory, STAI [Spielberger et al., 1970]), para evaluar la ansiedad, que puede ser un factor clave en la conducta delictiva.